no me vengan con oscuras bendiciones,
sólo quiero un beso tibio de la vida
sin recuerdos de tortura y dictadores.
La justicia cuenta con datos para esclarecer la desaparición de la hermana de Víctor Heredia
La información, que incluye nombres de genocidas imputados y el detalle de varios operativos realizados entre junio y julio de 1976, forman parte de una querella presentada el pasado 11 de diciembre, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino. Se trata de 32 desapariciones de militantes responsables de trabajos de prensa en la organización.
Por primera vez en 37 años, la justicia cuenta con información de cómo se habrían producido las desapariciones de María Cristina Cournou, hermana del músico Víctor Heredia, y de su compañero Claudio Nicolás Grandi. Y de quiénes serían los responsables de esos secuestros, ocurridos el 22 de junio de 1976 en la localidad de Moreno, cuando una patota del Ejército irrumpió por la fuerza en la calle Ciudadela 353 como parte de varios operativos que tenían por objeto desmantelar el aparato de prensa y comunicación del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo).
El material, que incluye nombres de genocidas implicados y detalles de la manera en que se movieron en aquella época distintas fuerzas de seguridad en la zona oeste del Conurbano Bonaerense y en determinados puntos del país, forma parte de una querella ingresada el pasado 11 de diciembre en el Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas, secretaría de Albertina Caron, que Tiempo Argentino adelanta en forma exclusiva en esta nota.
El escrito lleva la firma de Pablo Llonto, Ernesto Francisco Lombardi, Susana Beatriz Lombardi, Micaela Elisa Lombardi y Juan Enrique Lombardi, abogados que representan a las familias de 32 militantes de aquellas organizaciones, desaparecidos entre el 14 de junio y el 10 de julio de 1976. Todos responsables, en distinto grado, de tareas de propaganda y difusión. Y sobre todo de la impresión y distribución de los dos medios gráficos más importantes del ERP durante ese tiempo: la revista Estrella Roja y el periódico El Combatiente.
A lo largo de casi cuatro décadas, los casos fueron denunciados en forma individual y ante diferentes instancias y organismos, como la CONADEP y foros internacionales. "Víctor y el resto de los familiares vienen luchando por saber la verdad desde el mismo momento en que se produjeron las desapariciones –sostiene Llonto a este diario–, pero esta es la primera vez que nos encontramos con pistas firmes de cómo habrían sucedido los hechos, y quiénes serían los responsables". Muchos de los genocidas imputados están vivos, y por una cuestión de estrategia judicial, todavía no es conveniente publicar sus nombres.
El equipo de letrados llevó a cabo en los últimos meses, junto a la filial Luján de Madres de Plaza de Mayo, el sociólogo Quino Luna, historiadores, familiares, ex militantes de Luján y Moreno y la Dirección de Derechos Humanos de ese distrito, a cargo de Miguel Fernández, una profunda investigación que brinda mayor fuerza a la querella. Se trata de la conexidad registrada entre las acciones llevadas a cabo por el aparato genocida durante aquellas cuatro semanas.
La denuncia sostiene que los hechos "no pueden ser comprendidos de atenernos a relatos individuales. Todos los casos forman parte de una concatenada y relacionada serie de actos de terrorismo de Estado (en el marco del genocidio desatado en la Argentina entre 1974 y 1983) encadenados y conexos unos con otros, desprendiéndose de ellos el accionar de los mismos grupos de tareas, los mismos grupos de Inteligencia y la misma orden de comando: secuestros y desapariciones forzadas, cometidas sobre un determinado y claramente identificable grupo de militancia". Y agrega, en su parte introductoria: "Se observarán además notorias coincidencias y nexos entre los represores actuantes: características físicas, de vestimenta, de camuflaje, tanto como la utilización de idénticos vehículos. Todo ello, sumado a la zona de actuación donde se produjeron los hechos y los testimonios obrantes en la causa, más los medios de prueba que ya se han producido y otros que solicitaremos se produzcan, dejarán en claro la participación directa en los hechos denunciados del Ejército Argentino".
"Deseamos dejar vehementemente expresado la imperiosa necesidad que V.S. incluya en la presente investigación todos los hechos denunciados –manifiestan los familiares en el escrito–, más allá de los específicamente referidos a los casos individuales de las víctimas que fundan el umbral de la presente denuncia. Resulta imprescindible investigar la zona de actuación y alcances del grupo de tareas que tenía su cabecera en el Regimiento de Mercedes y los operativos en los que participó." Y le aclaran al juez: "Iremos enumerando los casos en forma cronológica, no sólo de las víctimas por las que solicitamos ser tenidos como querellantes, sino de todas aquellas vinculadas. Esos casos que relataremos, cada uno en forma individual, forman parte de un mismo hecho colectivo. Se verá a lo largo del relato de los hechos que se trata de una clara persecución devenida en masacre genocida, por parte del aparato estatal, en este caso a cargo de los grupos de tareas del Ejército Argentino, apoyado en la llamada 'inteligencia' de los grupos represores y que actuaban contra la militancia política, cultural, periodística, de redacción, corrección, edición, impresión y distribución, dentro de la jurisdicción o zona de actuación de estos grupos de tareas: en particular se concentraron en el aniquilamiento de quienes dedicaban gran parte de su tarea de militancia al material de prensa y propaganda y lectura del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre ellas la publicación El Combatiente (periódico) y la revista Estrella Roja."
La “Negra” Cristina. En el momento de su secuestro, María Cristina tenía 28 años, estaba embarazada de cuatro meses y era un cuadro importante en la estructura de prensa del PRT. Trabajaba como maestra de grado en la Escuela Nº 19 de Moreno, había sido una de las impulsoras de la Casa de la Cultura del distrito, y tenía la voz cantante en las asambleas del gremio. Ese martes 22 de junio, la casa que compartía con Claudio Grandi, en la localidad de Paso del Rey, fue asaltada por un grupo de tareas vestido de civil, que se llevó a la pareja y dejó a Yamila, hija de ambos, en la vivienda de la familia Padín, vecina colindante.
Hoy Yamila es una gran actriz, radicada en Córdoba. Y su testimonio es clave dentro del material aportado por los abogados para la investigación. Cuando los genocidas llegaron ese día, tenía dos años y medio, y algunos recuerdos se le mezclan con pantallazos de imaginación que su cabeza tejió en todo este tiempo de impunidad y falta de respuesta. Siempre ayudada por lo que le contaban sus abuelas, Julia Rebollo de Grandi y Antonia Jesús Heredia. "Es de noche. Se escuchan golpes fuertes a la puerta. Gritos. Gente ingresa en la casa con violencia y van hacia el interior de la misma. Mi habitación es la que está más al fondo. Llegan hasta ahí. Me cubro la cara con una sábana. Mis padres se resisten. Lloran. Los golpean. (Salto en el tiempo y blanco en mi memoria. No recuerdo cómo salgo de la casa, me cuentan después que fui ingresada a la casa de la vecina por la ventana). Me encuentro en la casa de la vecina. La veo tratando de calmarme. Lloro desconsolada, pido por mi mamá. Ella no se da cuenta, pero tiene un velador que me da directamente en la cara y la luz me lastima. En la pared hay un póster: un equipo de rugby."
Yamila agrega: "La casa quedó desordenada, y con algunas cosas rotas. También robaron varios objetos. Creo que algún electrodoméstico y una colección de pipas. Robaron nuestro auto: un Ami8 color naranja que era nuevo. Se llevaron del auto toda la documentación. Yo no logro recordarlo, pero sé que esa noche, mi padre me dejó un mensaje escrito en la puerta de mi habitación. Dice: 'Yamila te quiero mucho y a tu mamá la amo.' Conservamos esa puerta todavía."
El primer habeas corpus por el secuestro de María Cristina lo presentaron esa misma noche su hermano Víctor y su padre. En una parte del informe elevado a Rafecas, al que este diario tuvo acceso, el artista manifiesta tener "las copias de esos escritos y obviamente las habituales respuestas negativas, además del recuerdo imborrable del recorrido que hice desde junio de ese año por distintas unidades militares, con el consiguiente temor, en busca de alguna noticia de Nico y de Cristina. Yo estaba amenazado por la Triple A desde 1975. Entre las unidades militares que visité estaba la Escuela Militar en la localidad de Palomar, su director entonces era Reynaldo Bignone, a quien había conocido durante mi servicio militar, por un resquicio de la puerta entreabierta vi cómo se persignaba, entré y ante mi pregunta me dijo que tenía conocimiento que se estaban realizando 'detenciones' pero que había un gran secreto que no podía develar ya que era parte del código militar, pero que iba a intentar ayudarme. Me envió a ver al edificio 'Libertador' a un coronel de quien no recuerdo el apellido pero era algo así como Cabrera o Cardozo."
Después de dos reuniones, y ante la falta de respuesta, el cantante llamó por teléfono al militar con la excusa de averiguar por qué la dictadura había prohibido un espectáculo que hacía con Facundo Cabral en el Hotel Provincial, y le dijo que si la censura estaba motivada en su caso, se bajaba del escenario, para que sus compañeros pudieran seguir trabajando. "Me informó que por orden de Bignone me dirigiera al Regimiento 601 de Mar del Plata, que allí su jefe (creo que el teniente Coronel Caride) me iba a dar información. Fui con la esperanza de recibir esas noticias pero me encontré con un tipo que comenzó a interrogarme amablemente sobre mi postura política. Era vox populi mi afiliación al Partido Comunista, así que no oculté ese hecho y mucho menos las razones por las cuales había escrito canciones sobre poemas de Pablo Neruda y otras donde reivindicaba al socialismo. Sorprendido, sacó una carpeta de buen tamaño y riéndose me pidió que reconociera las fotos y situaciones que guardaba dicha carpeta. Era un detalle de mi actividad artística ligada a la política, en una palabra: mis antecedentes. Le dije que recordaba todas y cada una de mis actuaciones en favor de los trabajadores y compañeros militantes, tanto chilenos como argentinos, pero que suponía que él tenía claro quién era yo y por qué estaba allí. Me respondió que Bignone le había comentado mi situación familiar pero que no había nadie detenido en su regimiento, y que por su cuenta y respeto a Bignone me dejaba ir, no sin advertirme que 'me quedara piola' (cito textual sus palabras: 'Quedate piola, pibe, como Gardel en el avión'). Antes de irme le pregunté si la prohibición de actuar que evidentemente habían librado en todo el país sobre mí también corría para Mar del Plata, y me contestó: 'Lo que están haciendo con vos depende de la Marina, no de nosotros.' Y esa fue la última vez que Bignone o alguno de sus subalternos me permitió tener algún tipo de contacto."
Heredia cuenta en la denuncia: "En 1978 me exilié porque recrudecieron las amenazas pero volví a los pocos meses para ayudar a mi madre en la crianza de Yamila, mi padre había fallecido (infarto de miocardio) a raíz del dolor que le produjo el secuestro de Cristina. Permanecí en el país hasta 1980, esta vez el presidente de mi compañía discográfica me anunció que tenía noticias (por contactos personales) de que la situación se había puesto muy peligrosa para mí y me enviaron a España con la excusa de grabar un disco. Allí estuve un tiempo, luego en Roma y volví esta vez para quedarme y tratar de encontrar a los chicos infructuosamente."
"Lo importante es la conexidad". "Las caídas fueron en cadena –dice Llonto a Tiempo Argentino–, y el hilo conductor lo marca el hecho de que todos los militantes secuestrados desarrollaban tareas de prensa y difusión en el PRT." La investigación realizada para la querella presentada hace algunos días arrancó gracias al testimonio de un ex conscripto, que dio detalles de un operativo del Ejército contra una imprenta de la organización ocurrido el 10 de julio de 1976, en la localidad de San Andrés, partido de San Martín. "Fuimos para atrás –agrega– y pudimos determinar que en otros lugares, y con la misma metodología, el objetivo eran compañeros que de distinta manera estaban vinculados a la confección, redacción, edición y distribución de las publicaciones El Combatiente y Estrella Roja. La hermana de Víctor está dentro de ese grupo, y lo importante es que los casos no sean investigados individualmente, sino por conexidad. Porque suponemos que fue un mismo grupo de tareas el responsable de esos secuestros."
Para el letrado, la presentación de casos colectivos "ofrece a la justicia un panorama mucho más claro de la manera en que operaban los grupos de tareas, ligados al sistema de Inteligencia que la dictadura desarrollaba para perpetrar esas desapariciones." Hay varios antecedentes de esa modalidad, como la querella ingresada en la justicia federal de San Martín referida a la contraofensiva montonera de 1979-1980, las desapariciones en cadena de obreros ceramistas, y aquellos operativos del que fueron víctimas trabajadores de las empresas Mercedes Benz y Ford.
Al igual que los otros militantes del ERP, no existen testimonios de alguien que sostenga haber visto a Grandi en algún centro clandestino de detención, lo que en los últimos años dificultó las búsquedas. Hijo de Mario Darío Grandi, un gran artista plástico, Nicolás hacía teatro independiente, era escritor y autor de poemas, por lo que ganó varios certámenes y concursos literarios. Nunca pudo recibir una mención especial otorgada por el Estado italiano, porque los genocidas se lo llevaron antes. Su madre, Julia Rebollo, participó en la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, movida por querer encontrar a su nieto o nieta. «
María cristina y nicolás
Víctor Heredia (*)
Mamá no pregunta mucho desde entonces, desde aquel aciago junio de 1976 en que perdió a su hija y al nieto que crecía en el vientre de mi hermana. Se dedicó a educar a Yamila, la hija de Nico y Cristina, quien fue arrojada a través de la ventana de un vecino por uno de los secuestradores. Puso su empeño y su vida en la crianza de la nieta, sobre todo después de la muerte de mi padre, acaecida apenas un año después de los secuestros. A él se lo llevó la tristeza, el desencanto de ver a su patria devastada, a sus amores atropellados por el impúdico mesianismo de la dictadura.
Mamá ya no pregunta mucho, pero durante un largo tiempo preguntó y preguntó mientras ninguno supo decirle nada, tampoco aquella justicia de inútiles habeas corpus, tampoco las puertas que golpeamos, ni mi estéril y arriesgado deambular, a la vuelta de mis exilios, por comisarías, cuarteles, regimientos, generales y coroneles amigos de fulano de tal y otros cómplices ciegos y mudos de aquella barbarie. Me pregunto qué le digo ahora, que pareciera ser que estamos a punto de saber quiénes fueron los culpables de nuestras lágrimas y de todas las noches en vela que ella y su dolor pasaron. Qué le digo ahora que leo nombres tan oscuros como sus portadores, qué le explico de esta nómina de asesinos que tardó tantos años en llegar a mis manos y a las de Yamila. ¿Espero a la sentencia? ¿Le adelanto los nombres de quienes seguramente fueron sus captores? ¿Le cuento que los chicos pertenecían a tal o cual organismo revolucionario, o dejo que suponga, como hicimos hasta hoy, que seguían en el PC? ¿Le digo que ya les habían retirado el carné por sus disidencias y que con ello sellaron sus destinos, o le invento alguna historia de agendas confundidas?
No sé mentir, nunca pude mentirle a nadie, menos a mi madre, se me nota el esfuerzo. Se va a notar mi rabia cuando intente explicarle aquello que a ninguna madre le interesa, el blablablá político, los inexplicables abandonos, la falta de apoyo de sus pares, los infiltrados, los traidores, no va a prestarme atención. Con mayor razón cuando hace tantos diciembres, exactamente 36, que los vela cotidianamente. Levantará esos ojos de interrogar viejas fotografías y preguntará si sé cómo murieron, de qué manera asesinaron los 28 años de Cristina y los poquitos más de 30 de Nicolás esos insectos que se creyeron dioses de la vida y de la muerte.
Voy a decirle que todavía no sé pero que eso no importa, que no es el "cómo" sino el "porqué" lo verdaderamente importante: "Murieron por nuestra libertad, mamita, y eso los hace invencibles, absolutamente victoriosos e invencibles."
(*) Músico. Hermano de María Cristina
La prensa del prt
En el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Jorge Emilio Arancibia era “Mario”, “Alejandro” o “Ernesto”. Había nacido en 1953, y después de alcanzar promedios altos en el nacional Mariano Moreno, empezó a estudiar Medicina. En 1974 lo echaron del Banco Nación, y se quedó sin el sueldo con el que mantenía el departamento que ocupaba con sus padres en San Telmo. El 10 de julio de 1976, mientras terminaba algunas tareas de militancia con un grupo de compañeros en Ecuador 160, de la localidad de San Andrés, partido de San Martín, una patota del Ejército asaltó la casa y asesinó a Jorge mientras estaba desarmado y rendido en el suelo. El cuerpo de Arancibia fue enterrado como NN, y pasados varios años se pudo reconocer el certificado de defunción con las fichas dactilares tomadas antes de la inhumación, pero sus restos no se han podido recuperar.
Al entrerriano Juan Carlos García Del Val, “Fantomas”, lo secuestraron el 9 de julio del '76 en Caseros, en un operativo en el que también desapareció a su hijo Eduardo Rudyar, de 15 años. Como Arancibia y la treintena de militantes cuyos casos investiga el juez Daniel Rafecas, García Del Val formaba parte del aparato de prensa del PRT-ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), encargado de emitir comunicados y editar el periódico El Combatiente y la revista Estrella Roja.
La seguidilla de operativos de la dictadura, llevados a cabo entre junio y julio de ese año, también incluyó el asalto a la imprenta que la organización tenía en el barrio Observatorio, en Córdoba, desde donde distribuía unos 70 mil ejemplares mensuales de aquellas publicaciones, para la provincia y todo el norte argentino. El taller estaba ubicado en Fructuoso Rivera 1035 (antes Achával Rodríguez), y era una “obra maestra de la ingeniería”, según el recuerdo del “Vasco” Carlos Orzacoa, importante cuadro que formó parte de aquella experiencia. Tomando como base lo hecho por los tupamaros uruguayos, considerados expertos en construcciones subterráneas, el ERP organizó un equipo de obreros que, tabicados y sin saber dónde estaban, durante un año y medio extrajeron 250 metros cúbicos del subsuelo de la vivienda, y confeccionaron un sótano de dos niveles a ocho metros de profundidad. Para no despertar sospechas en el barrio, la tierra que se iba sacando era tirada en bolsas de diez kilos, una por una, al río Suquía.
Para acceder a la imprenta cordobesa del ERP era necesario pasar por la cocina de la casa, y meterse –literalmente– en el bajomesada que simulaba guardar cubiertos y cacerolas. Un mecanismo corría el piso interior, por donde asomaba una escalera estrecha que iba hacia donde funcionaban las máquinas: dos Cabrenta, dos Rotaprints, una guillotina Krausse, mesas para diseño y foto composición, sistema de ventilación y depósito para tintas y papel. En el subsuelo, los responsables de la organización eran Miguel Ángel Barberis y Matilde Sánchez. Y en la superficie, Victoria Abdonur y Héctor “el Negrito” Martínez se ocupaban de ser una pareja de barrio que no llamara la atención. La pantalla era un taller de herrería que Martínez tenía en el fondo. Nunca nadie supo que en su camioneta de reparto de rejas y ventanas, un doble fondo escondía los paquetes de revistas y periódicos recién impresos para repartir en distintos puntos del país.
El 12 de julio de 1976 la imprenta cordobesa también cayó, tras un operativo encabezado por el teniente coronel Alfredo Carpani Costa. Los cuatro militantes, advertidos de la movida, pudieron escapar antes de la vivienda, pero al poco tiempo fueron secuestrados por grupos de tareas en otros lugares de la provincia. Rocío Ángela Martínez Borbolla era “Ana” o “Sargento Ana”. Y su compañero Pedro Oscar Martucci era “Tato”. Vivían en un departamento de los monoblocks del Barrio Envión 3, en Haedo, junto con dos hijos de Rocío de un matrimonio anterior, Camilo y Bárbara, de 4 y 8 años. La pareja redactaba notas para El Combatiente, hasta que el 14 de junio de 1976 fue secuestrada en esa casa, de donde los genocidas robaron muebles, electrodomésticos y libros.
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