domingo, 23 de noviembre de 2014

Otra jueza valiente

La jueza Julia Staricco


La confirmación de la tortura en el Uruguay impune



 + Natalia Roba @natiroba - 12.03.2013,

La jueza penal Julia Staricco seguirá adelante con las investigaciones sobre delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) y dispuso a partir de hoy la citación de militares. A pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad y adujo que se trata de delitos comunes –no de delitos de lesa humanidad– y que esos delitos prescribieron, la magistrada entendió que no está inhibida de seguir actuando.
Consultada por El Observador, la jueza confirmó la decisión y explicó que la sentencia de la SCJ “rige para el caso concreto y en esta denuncia ninguno de los denunciados presentó recurso de inconstitucionalidad”.
El caso fue presentado el año pasado por el abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia en representación de 28 mujeres que denunciaron violaciones y abusos a mujeres que fueron detenidas en centros clandestinos durante la dictadura.

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El primer militar que deberá declarar hoy es Julio Litovsky, quien tenía un cargo de jerarquía en el Regimiento de Caballería Nº 9. Mañana está citado a declarar Héctor Lascano, el jueves 14 será el turno de Asencio Lucero, el viernes 15 de Orosmán Pereyra y el 2 de abril de Ariel Ubillos. En abril también están citados a declarar tres militares ya procesados por estas causas y presos en la cárcel militar de Domingo Arena:  Jorge Silveira (el 1° de abril), José Nino Gavazzo (el 3) y Gilberto Vázquez (el 4). Pero los denunciados son más de 100 militares y policías que cumplían funciones en distintos regimientos militares donde fueron cometidos los delitos, según consta en la denuncia a la que accedió El Observador. Entre esos centros figuran el Regimiento de Caballería Nº 9, el Regimiento de Caballería Nº 4, La Tablada, la cárcel del Pueblo, el Regimiento de Artillería Nº 1, el cuartel La Paloma, el Batallón de Ingenieros Nº 1, Regimiento de Infantería Nº 1, el cuartel de Paso de los Toros, el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, Policía de Investigaciones de Mercedes, la cárcel de Paso de los Toros, la Jefatura de Policía de Salto, el cuartel de Infantería Nº 7, el penal de Punta de Rieles, el hospital Militar y la Jefatura de Policía de Montevideo.
La jueza Staricco admitió que es probable que los indagados presenten recursos de inconstitucionalidad, lo que podría interrumpir las citaciones. Si eso ocurre, la jueza deberá enviar el expediente a la SCJ. Pero si no lo hacen, adelantó que seguirá adelante.
Con respecto a los argumentos esgrimidos por la SCJ en la sentencia conocida el 22 de febrero sobre la prescripción de los delitos, Staricco dijo que “oportunamente se valorarán” al tener que dictar sentencia pero no quiso adelantar su posición. El fallo de la Corte no impide a los jueces seguir con las investigaciones, pero determina que al tratarse de delitos comunes estos prescribieron. De acuerdo con esa posición, si algún juez procesara militares, estos podrán apelar y si el caso llega a la Suprema Corte de Justicia es previsible que la corporación ordene el archivo de las causas.
Esta jueza tiene además otros dos presumarios en los que indaga a militares por torturas a hombres, por las que también prevé citaciones. En ninguna de ellas fue interpuesto el recurso de inconstitucionalidad.
Además, la magistrada estimó que tras la denuncia presentada por 28 mujeres se formarán varios presumarios. La jueza explicó que si los separa se podrá avanzar más rápido en la indagatoria y se evitará que si se presentan recursos deba suspenderse la indagatoria.

Para El Observador Lesa Humanidad es menos grave

La Justicia decidió investigar al militar Asencio Lucero, luego de que reconociera la aplicación de plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica contra ex presos políticos, durante la dictadura. Se formó una pieza presumarial para analizar sus dichos y dilucidar eventuales responsabilidades penales. Se podría tipificar el delito de “torturas”.

PUBLICADO el Jueves 20 de noviembre, 2014
La jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, dispuso la apertura de una indagatoria penal contra el capitán (r) Asencio Lucero, luego de que el militar reconociera la aplicación de torturas (plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica) contra los presos políticos, durante la última dictadura.
La magistrada resolvió, a pedido de la fiscal Diana Salvo, que se instruya un expediente presumarial contra el militar, para dilucidar si sus dichos pueden acarrear responsabilidades penales en su contra. En este sentido, de confirmarse la veracidad de sus dichos, el militar podría ser imputado por un delito de “torturas”, una tipificación que aún no fue utilizada en el marco de los procesos por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Lucero, ex encargado de Inteligencia (S2) en el Regimiento de Caballería N° 9, declaró el pasado 1º de octubre ante la jueza Staricco y la fiscal adjunta Silvia Nipoli, en el marco de la indagatoria penal por la denuncia colectiva por torturas y delitos sexuales presentada por un grupo de ex presas políticas, en octubre de 2011.
Durante la audiencia, el militar reconoció la aplicación de diversas formas de tortura contra ex presos políticos en las unidades militares, y brindó detalles sobre las mismas, en lo que representa el primer reconocimiento explícito de estas prácticas por parte de un militar. Lucero se refirió a la existencia de plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica, y admitió que una de las prácticas contra las mujeres era “la desnudez” forzada.
Sin embargo, Lucero intentó minimizar lo que sucedió. “La tortura no era tal como se describe” en la actualidad por los ex presos políticos, dijo. Además, afirmó que eran “desbordes” producto del contexto, aunque no se trató de una práctica aislada. “Era un sistema, nadie daba la orden (…) yo tenía que conseguir información. El Estado estaba involucrado en un problema tan grande que no se controlaba. Los interrogatorios es hacían en equipo de tres personas, normalmente las mismas”, afirmó. Además, dejo en evidencia que había médicos que participaban de la tortura, ya que estos eran quienes daban “la última palabra” para “seguir el interrogatorio”.
Tras conocer las declaraciones del militar, la fiscal Salvo solicitó que se formara una pieza separada para investigar sus dichos, lo que fue aceptado por la jueza Staricco. Esta pieza será remitida a la Fiscalía para analizar eventuales responsabilidades penales y puede derivar en un pedido de procesamiento por el delito de “torturas”, o delitos similares, ya que se trataría de una “confesión” por parte del militar. Sería la primera imputación por “torturas” por los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura.
Empero, esto requiere un estudio global del expediente, ya que la confesión per se no es una prueba suficiente para formular una imputación contra una persona, explicaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. La confesión requiere que existan otras medidas probatorias que certifique la veracidad de las mismas, agregaron las fuentes. Por este motivo, se intentará contrastar sus dichos con las declaraciones vertidas por otros militares y ex presos políticos en la causa.



Un militar reconoció ante la Justicia las torturas contra ex presos políticos en unidades militares durante la dictadura. Asencio Lucero, entonces encargado de Inteligencia (S2) en el Regimiento de Caballería N° 9, habló de la existencia de plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica. También admitió que una de las prácticas contra las mujeres era “la desnudez”, dijo el abogado Federico Álvarez Petraglia.
PUBLICADO el Jueves 9 de octubre, 2014
El capitán (r) Asencio Lucero, ex encargado de Inteligencia (S2) en el Regimiento de Caballería N° 9, reconoció ante la Justicia la aplicación de diversas formas de tortura contra ex presos políticos, en las unidades militares durante la dictadura, en lo que representa el primer reconocimiento explícito de estas prácticas por parte de un militar.
Lucero declaró, el pasado 1º de octubre, ante la jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, y la fiscal Silvia Nipoli, en el marco de la indagatoria penal por la denuncia colectiva por torturas y delitos sexuales presentada por un grupo de ex presas políticas, en octubre de 2011. Durante la audiencia, para sorpresa de los presentes, brindó detalles sobre las torturas perpetradas a hombres y mujeres en esa unidad militar, según informó este jueves el semanario Búsqueda.
El militar afirmó, según el acta de audiencia, que “cuando usted entra en un estado de guerra o conmoción, todo vale y se pierden las referencias”, pero que “la tortura no era tal como se describe” en la actualidad por los ex presos políticos. Sin embargo, a continuación, se refirió a las distintas metodologías que utilizaban los militares en el marco de la “lucha antisubversiva”: plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica y dejar a las mujeres desnudas.
Lucero afirmó que la tortura eran “desbordes” producto del contexto, y que la primera medida era el “plantón” durante cinco o seis horas a los detenidos “hasta que se desplomaban”, y que el “tacho” (o “submarino”) se aplicaba para quienes eran “reacios a conversar”. “El tacho con agua tenía agua limpia y el tacho seco le vendaban la cara y los ojos (…) Se aplicaba para los reacios a conversar, el que se cerraba iba al tacho”, declaró.
El militar destacó que los “pasos” para decir la aplicación de torturas se vinculaba con la decisión de la persona de hablar o no. Si la persona declaraba “firmaba una declaración”, y si no hablaba, pasaba al plantón, hasta que caía, y si seguía sin “cantar”, se le aplicaba el “submarino”. En tanto, Lucero sostuvo que en el caso de las mujeres “las ablandaba el desnudo y el pudor entonces empezaba a hablar”.
También admitió que se utilizaba la picana eléctrica, pero minimizó sus efectos y su intensidad. “Sí, se usaba la picana. Se aplicaba, era un cosquilleo, se aplicaba en las piernas”, afirmó, pero negó que se aplicara en los genitales de los detenidos, porque él tenía “mucho respeto con el cuerpo de las personas”.
Asimismo, reconoció que no se trataba de prácticas aisladas. “Era un sistema, nadie daba la orden (…) yo tenía que conseguir información. El Estado estaba involucrado en un problema tan grande que no se controlaba. Los interrogatorios es hacían en equipo de tres personas, normalmente las mismas”, dijo. Además, dejo en evidencia que había médicos que participaban de la tortura, ya que estos eran quienes daban “la última palabra” para “seguir el interrogatorio”.
Sobre el final de la audiencia, el militar fue preguntado si a 40 años de esos hechos, consideraba que los métodos de tortura que describió eran “correctos” para tratar con los detenidos. “No es correcto (pero) cuando se necesita información hay que presionar. No era correcto pero era necesario”, dijo Lucero.
En este sentido, el abogado Federido Álvarez Petraglia afirmó, en diálogo con Caras y Caretas Portal, que el testimonio de Lucero es “importante”, porque se trata de “un protagonista destacado” de lo que sucedió en el Regimiento de Caballería N° 9, ya que era el encargado de inteligencia (S2) de esa unidad. “Era un militar destinado a esas tareas, que empezó a hablar y hablar y dice cosas que lo incrimina”, aseveró.
El abogado afirmó, además, que estos hechos eran algo “que todos conocíamos” por el relato de las víctimas, pero ahora “es un militar, que fue un protagonista destacado, quien lo dice”. Según el abogado, Lucero intentó “disminuir” lo que sucedió, pese a lo cual confirma lo que ocurrió, algo que se acentúa cuando se refiere a la “desnudez” que se le aplicaba a las mujeres. “Confirma que a las mujeres se las desnudaba, él intenta disminuirlo, pero todos sabemos que las mujeres cuando eran detenidas, eran encapuchadas y llevadas a un centro clandestino, y lo primero que hacían era desnudarlas”, agregó Álvarez Petraglia.
La denuncia colectiva presentada por ex presas política narra los ilícitos perpetrados por agentes estatales, hombres y mujeres, contra las mujeres detenidas por motivos político-ideológicos, en varias unidades militares, entre ellas el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención “300 Carlos”, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes. El testimonio de Lucero confirmó varias de estas situaciones.


La confesión de un militar sobre las prácticas de torturas en cuarteles militares durante la dictadura “confirma todo lo que denunciamos”, afirmó Beatriz Benzano, denunciantes en la causa por torturas y delitos sexuales contra ex presas políticas. “Es un logro”, dijo Benzano, quien reclamó que estos hechos se imputen como crímenes de lesa humanidad.
PUBLICADO el Jueves 9 de octubre, 2014

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El testimonio del capitán (r) Asencio Lucero, ex encargado de Inteligencia (S2) en el Regimiento de Caballería N° 9, en el cual reconoció la aplicación de diversas formas de tortura contra ex presos políticos, representa “un logro” y confirma que las denuncias presentadas por ex presas políticas tenían sustento, afirmó la activista en materia de derechos humanos, Beatriz Benzano.
Benzano es una de la treintena de mujeres ex presas políticas que, en octubre de 2011, presentó una denuncia colectiva por torturas y delitos sexuales en varias unidades militares, entre ellas el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención “300 Carlos”, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes.
Fue en esta causa que el capitán (r) Lucero brindó detalles sobre las torturas perpetradas contra presos políticos, hombres y mujeres, en la unidad militar a la que pertenecía. Lucero reconoció ante la jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, la existencia de plantones, submarino seco y húmedo, picana y tortura psicológica contra los presos políticos, al tiempo que en el caso de las mujeres se agregaba la desnudez, para ablandarlas.
Asimismo, el militar confesó que no se trataba de prácticas aisladas y que de las mismas estaban al tanto todos los mandos de la época. “Era un sistema, nadie daba la orden (…) yo tenía que conseguir información. El Estado estaba involucrado en un problema tan grande que no se controlaba. Los interrogatorios se hacían en equipo de tres personas, normalmente las mismas”, declaró.
En este sentido, Benzano afirmó, en diálogo con Caras y Caretas Portal, que esta confesión fue “algo inesperado”, pero “confirma lo que denunciamos”, y las distintas prácticas de tortura que tuvieron lugar en las unidades militares. En el caso de las mujeres, se sumó la “violencia sexual”, que es una forma de tortura especial y autónoma, que incluyó desnudez forzada “a todas” y abusos (toqueteos o manoseos) “a casi todas”, y, en algunos casos, la violación, este último, un tema que aún se mantiene como tabú.
Con este panorama, Benzano consideró como “un logro” que exista un reconocimiento judicial de estos hechos, a casi tres años de que se presentara la denuncia. Por esto, dijo que reconocen y se alegran de que la Justicia comience a actuar y que la jueza Staricco haya sustentado la tesis que categoriza a estos hechos como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles.
Asimismo, Benzano destacó que “todos” los presos políticos sufrieron la tortura, porque “fue algo masivo y generalizado”. En el caso de las denunciantes, se trata de mujeres “presas en distintos lugares y en distintas épocas, pero que todas sufrimos lo mismo”, al tiempo que en el Penal de Punta Rieles existía un “hostigamiento” por parte de los carceleros contra las presas políticas. Por este motivo, el testimonio del militar “es un aporte importantísimo” en la causa, valoró.

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