La rivalidad entre sectores del Partido Nacional en Cerro Largo se agudizó en las últimas horas tras el informe que presentó ante la Junta Departamental el intendente Pedro Saravia, que involucra a su exaliado y antecesor en el cargo Sergio Botana en un cúmulo de irregularidades que pueden terminar en la Justicia. El exintendente de Alianza Nacional reaccionó en las últimas horas y acusó a Saravia de aliarse con el Frente Amplio para comprometer su chance de reelección.
Además no descartó dirimir este pleito en los estrados judiciales. Desde el Frente Amplio, que tiene serias chances de ganar la Intendencia en mayo, se desmintió cualquier acuerdo con Saravia y se sindicó al exministro de Ganadería en la presidencia de Luis Lacalle (1990-1995) y exsecretario general del intendente Ambrosio Barreiro (2000-2005) como perteneciente “al ala más derechista del Partido Nacional” y sin puntos en común con el FA.
El intendente de Cerro Largo, Pedro Saravia manifestó ayer su preocupación en poder abonar los $ 3 millones que la Intendencia adeuda por el retraso en el pago de las retenciones que se le aplican a los funcionarios municipales. Dijo que le llamó la atención que la administración Botana efectuara $ 19,9 millones en donaciones en 30 días, cuando “tengo deudas que tengo que pagar”.
Por su parte, el exintendente y senador nacionalista, Sergio Botana, rechazó que la Intendencia no esté en condiciones de pagar los salarios y que está evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales contra el propio Saravia. Reconoció que de la cuenta donde se vertían los dineros para la construcción de viviendas se sacó para pagar las luces del estadio de Cerro Largo. No obstante, precisó que ese tema fue subsanado.
Ayer, el intendente de Cerro Largo, Pedro Saravia reiteró que el monto de las deudas que mantiene la Intendencia ronda los $ 100 millones y que lo prioritario es poder abonar los $ 3 millones correspondientes a los atrasos en los pagos de las distintas retenciones aplicadas a los funcionarios municipales.
Consideró que hasta el momento, con la información que posee, no habría mérito para dar cuenta a la Justicia Penal y advirtió que no pretende entrar en polémicas con su predecesor.
Botana, en cambio, aseguró ayer que está manejando la posibilidad de iniciar una demanda contra Saravia por sus declaraciones sobre la situación financiera de la Intendencia. Afirmó que se trata de una “jugada política” en su contra, en el que Saravia y el FA “se aliaron para ello”.
A partir del 9 de febrero, Saravia resolvió el cese de las compensaciones que perciben los funcionarios, a fin de asegurar el pago de los salarios que se estarían abonando el próximo lunes. Explicó en su pasaje por la Junta Departamental que se adoptaron medidas de reducción de gastos en salarios y para ello resolvió eliminar las “costosas” compensaciones que recibía el centenar de cargos de confianza y otros funcionarios en la Intendencia. Esto implicará un ahorro de unos $ 9 millones.
Solo los cargos de confianza recibían el 30% del rubro de retribuciones personales en una plantilla global de unos 1200 funcionarios.
El intendente Saravia compareció ante la Junta Departamental en una sesión que se extendió hasta la madrugada y que tuvo fuertes discusiones y agresiones verbales entre los propios ediles del Partido Nacional.
Ayer, el edil Hugo Saravia, que protagonizó este incidente, explicó que el intendente informó que en setiembre del año pasado la administración Botana recibió $ 1,5 millones a través de un convenio con la ANEP para la reparación de ocho escuelas rurales. “Pero el dinero se gastó y en las escuelas no se hizo nada. Una de ellas no tiene techo y estamos a una semana de comenzar las clases”, indicó el edil nacionalista.
La información que llegó a la Junta Departamental indica que de las 67 viviendas previstas, la Intendencia construyó un total de 11.
El actual intendente expresó ante los ediles que hubo desaparición de expedientes y de equipos informáticos lo que dificulta acceder a toda la información existente. Pedro Saravia indicó que al asumir el cargo se encontró con el 40% de la maquinaria operativa, y que en la caja tenía $ 1,7 millones, otros $ 1,4 millones en una cuenta del BROU y otros $ 8,6 millones para fines específicos.
Incluso, enfatizó que la administración tendrá que hacer frente en mayo del pago de un préstamo por US$ 3,9 millones al banco Scotiabank.
En su intervención en la Junta, el intendente informó que Botana en el mes de enero hizo donaciones por $ 9,9 millones, y en los primeros ocho días de febrero, otros $ 1,1 millones más.
Indicó que el déficit estimado para el período se ubicaría en unos $ 291 millones.
“Hubo clientelismo”
El coordinador de Bancada del FA, edil Dardo Pérez, manifestó ayer que no existe ninguna alianza con el intendente Saravia para perjudicar la figura del actual senador Botana. “Solamente un loco podría creer eso. El intendente Saravia pertenece al ala más derechista del Partido Nacional y no tiene nada en común con el FA”, explicó el curul.
Manifestó que rompe los ojos lo ocurrido con el rubro donaciones. Dijo que en enero y unos días de febrero se donaron $ 11 millones, pero en el mismo período la Intendencia destinó en la compra de combustible y asfalto unos $ 5 millones. “Esto demuestra que el descalabro es total, y que hubo clientelismo, beneficiando a sus referentes”, indicó.
Pérez señaló que entre el listado de donaciones figura una persona a la que le dio $ 160 mil el 15 de enero.
Mencionó los casos de recursos previstos para la caminería aportado por la OPP, en que solo tuvo un 4% de avance de obra. Dijo que se tenía que hacer siete kilómetros de caminería en Las Cañas con una financiación de $ 12 millones, pero los trabajos no comenzaron. “El 28 de febrero si no se terminan las obras, Cerro Largo pierde la plata”, indicó.
El edil del FA afirmó que Botana tenía unos 200 funcionarios que cobraban pero nunca iban a trabajar. Explicó que contrató a referentes locales con salarios de unos $ 25 mil pero no cumplían una función específica. Algunos de ellos cobraban además compensaciones y rendimientos, aseguró el curul.
El exintendente Sergio Botana dejó a su sucesor Saravia, deudas por $ 100 millones de acreedores y retenciones, pero al asumir, en caja solo contaba con $ 12 millones.
En los últimos 40 días, el exintendente hizo $ 20 millones en donaciones, según información entregada por el intendente a la Junta Departamental. El déficit acumulado de esta administración ronda los $ 400 millones. Los gastos de funcionamiento y de retribuciones personales de la intendencia se ubican en unos $ 40 millones, pero los ingresos son menores a esa cifra.
Las retenciones de los funcionarios, ($ 3 millones) se vienen pagando con atraso por no alcanzar el dinero en caja. Se retuvo pero no se volcó en tiempo y forma. La asociación ANDA intimó a la Intendencia al pago de los créditos de los funcionarios.
La Junta Departamental de Cerro Largo, le pidió al intendente Pedro Saravia un estado de situación de la Intendencia, luego que el exintendente Sergio Botana renunciara a su cargo para ir por la reelección. Desde el legislativo departamental se cuestionaba que el exjefe departamental no remitía información que le solicitaban los ediles.
En la primera comparecencia del intendente Saravia ante este cuerpo, se comprometió a que en un plazo breve remitiría información general sobre el estado financiero y de recursos humanos en los que se encontraba esta administración.
Por un lado, la Intendencia cuenta hoy con un pasivo importante y por otro, escasos recursos que ingresarán en los meses de febrero y marzo.
Según informó el jefe comunal a los ediles, la Intendencia tiene muy poca caja y con diferencias muy importantes en los montos a pagar a diversos acreedores. La Intendencia tiene deudas con proveedores (entre ellos Ancap con un atraso de dos meses) y hay retenciones que no se abonaron, lo que suman $ 100 millones. Al momento de asumir la Intendencia, Saravia se encontró con que disponía en caja de $ 12 millones.
El jefe departamental explicó anoche ante la Junta Departamental la ejecución de medidas de austeridad que permitan lograr el equilibrio financiero de la Intendencia.
Ante los ediles, Saravia manifestó que su intención es no tener que pedir un nuevo préstamo para hacer frente a las obligaciones y que analizará la situación en los primeros días de marzo.
Saravia también informó ante el legislativo departamental sobre la derivación de las partidas para la construcción de viviendas a otros fines no conocidos. El Ministerio de Vivienda hizo entrega de los rubros a una cuenta de uso común que tenía la Intendencia. Un 70% de estos recursos no fueron utilizados en la construcción de viviendas.
Debido a esta situación, esta cartera paralizó la entrega de partidas por otros planes específicos hasta tanto se regularice la situación. Algunas de las viviendas se encuentran en un 35% de proceso de ejecución, otras en un 10% y hay otras que ni siquiera comenzaron.
Se presume que parte de esos dineros fueron a parar a la compra de las luces del estadio de Cerro Largo, pero no se tiene la certeza de su destino final.
Compensaciones
Saravia informó ante los ediles que aplicará una serie de medidas paliativas que le permita a la Intendencia cumplir con los gastos esenciales. Estas medidas restrictivas favorecerán a que los funcionarios puedan cobrar el salario en marzo. El intendente anunció que se decidió quitar las compensaciones que percibían los funcionarios municipales ya que generaban un peso importante en el presupuesto. Según habría dicho, algunas de estas compensaciones representaban un 100% de un sueldo.
En el próximo sueldo, se dejará de pagar dichas compensaciones, aunque se aclara que no se quitará en forma definitiva.
El intendente informó ante la Junta que en los últimos meses ingresaron “muchas” personas contratadas a la Intendencia, incluso en el período en el que estaba prohibido constitucionalmente.
Botana, entre los meses de diciembre y enero, pagó unos $ 50 millones a los acreedores, quedando debiendo unos $ 72 millones más. Incluso, según se informó, el exintendente hizo en ese período donaciones por $ 20 millones.
Atraso en obras
En cuanto a proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), en tres barrios se paralizaron las obras porque en los contratos con las empresas constructoras se establece una cláusula en la que estas solo pueden estar sometidas a la jurisdicción de los jueces de Cerro Largo. Esta condición no fue aceptada por la OPP ni por el BID.
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