Presentes!!!

Acto 18 de mayo en Las Piedras

 

18 de mayo, Plaza Primero de Mayo en Montevideo. Visitas. Por suerte la memoria habla en estas decenas de voces. No hubo sables ni rituales vacíos, la plaza fue memoria y lucha, con la manito de una niña que señalaba una línea imaginaria para separar las voces graves de las agudas. En memoria de las luchas de un pueblo, Nunca más, eso dijeron, eso siguen cantando 

 

Plaza Luisa Cuesta. Presente! Nunca más Terrorismo de Estado

Detenidos desaparecidos: la crueldad, barbarie y traición de los golpistas

18 mayo 2024 La Diaria
Escribe Miguel Aguirre Bayley

Así como el “Obeliscazo” del 27 de noviembre de 1983 rubricó un hecho de enorme trascendencia en el camino por la reconquista de la democracia, cada 20 de mayo la Marcha del Silencio se ha convertido desde 1996 en una multitudinaria y emblemática movilización impulsada por Madres y Familiares para conocer la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura uruguaya. En su gran mayoría fueron secuestrados en Argentina y también en Uruguay, Chile y Paraguay, en el marco del Plan Cóndor instaurado por Estados Unidos y su ideólogo, el alemán-estadounidense Henry Kissinger, con agentes del Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, según surge de los archivos desclasificados.

Uno de los hechos más infames y deshonrosos de la historia de Uruguay fue la consolidación del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Con apenas el 21,97% de los votos en la elección, el presidente Juan María Bordaberry, del Partido Colorado, exsenador del Partido Nacional, fue corresponsable principalísimo del quiebre institucional que derivó en una dictadura civil y militar en un país ocupado durante 12 años por las Fuerzas Armadas.

El 1º de febrero previo, el senador colorado Amílcar Vasconcellos cerraba su mensaje por radio con estas palabras: “Que nadie se haga ilusiones: [Lorenzo] Latorre llegó y nadie ha olvidado cómo se tuvo que ir; los ‘latorritos’ que tratan de llegar –aunque puedan lograrlo mediante la ayuda de cobardes y traidores– que no olviden la lección histórica”. Tres civiles y un militar ocuparon la máxima magistratura usurpada al poder legítimo en ese período de oscurantismo: Juan María Bordaberry, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez. Pertenecían al Partido Colorado y al Partido Nacional.

Secuestros, torturas, homicidios, robo de niños, saqueo y corrupción fueron características de la dictadura neofascista en Uruguay. Las Fuerzas Armadas se inventaron para sí la condición de combatientes y no vacilaron en traicionar el juramento de fidelidad a la Constitución y las leyes para convertirse en verdugos del pueblo indefenso y sin armas. Con los varios miles de “rinocerontes”, civiles blancos y colorados funcionales a la dictadura, la felonía arrasó con los valores de la democracia republicana en un Estado de Derecho.

Pero no todos los militares fueron gorilas. Más de 60 oficiales y unos 300 integrantes del personal subalterno sufrieron prisión, tortura y pérdida de grado por su lealtad al régimen legalmente constituido.

Con su protervia condenable, a través de sus actos institucionales viciados de nulidad, destruyeron el orden jurídico de Uruguay. El Parlamento fue reemplazado por un Consejo de Estado designado por la cúpula de facto. Ni el imperio romano fue capaz de tanta indignidad. El Poder Judicial pasó a ser una figura decorativa, la Suprema Corte de Justicia perdió su rango y se llamó Corte de Justicia. Miles de familias fueron destruidas y su injusto corolario fue la diáspora en el exilio de varias decenas de miles de personas. Los cimientos de la educación y la formación cultural fueron arrancados desde la raíz con la aplicación de la Ley 14.101 de Julio María Sanguinetti, promulgada el 4 de enero de 1973. En las antípodas del legado de la reforma de José Pedro Varela, parecía una ley de corte penal y no de enseñanza.

Ausencia con presunción de fallecimiento

“La desaparición bajo regímenes dictatoriales es principalmente la consecuencia de un método represivo ilegal que consiste en el secuestro de las personas, ejecutadas luego sin proceso en centros de detención clandestinos, por lo que también se denomina desaparición forzada de personas, y a las víctimas, detenidos desaparecidos. Esta metodología de represión fue utilizada por las dictaduras latinoamericanas como parte de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional” (Torcuato S Di Tella, Diccionario de ciencias sociales y políticas. Puntosur, 1989).

Sobre este tema, causa indignación la hipocresía del dictador Jorge Rafael Videla en su calidad de presidente de la Junta Militar que el dio golpe de Estado en Argentina en 1976: “Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea un desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, desaparecido que no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

En América Latina se estima en alrededor de 90.000 el número de desapariciones forzadas de personas. Un fenómeno particular es el de los niños desaparecidos, quienes en muchos casos fueron entregados a terceros adulterando su filiación. El sistema de desaparición forzada de las personas fue ejercido por los nazis a partir del decreto Noche y Niebla de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial.

Fuerzas Armadas traidoras al ideario artiguista

“La Defensa Nacional, tal como se ha encarado en el país, no ha sido nacional, ni antiimperialista, al haberse subordinado a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, en tanto el elemento militar de la defensa se ha empleado siempre como instrumento de presión o, directamente, de represión contra las aspiraciones populares y como protección de los intereses de los sectores dominantes. [...] No son pocos los compatriotas que preguntando para qué sirve el ejército, proponen su eliminación. Es que más allá del lamentable desempeño que ha tenido contra su propio pueblo, el ciudadano común no le ve otras aptitudes, y para cumplir tareas de utilidad social o en oportunidad de calamidades como puede ser una inundación, lo considera un organismo sobredimensionado y caro”, ha señalado el general retirado Juan Antonio Rodríguez.

Secuestros, torturas, homicidios, robo de niños, saqueo y corrupción fueron características de la dictadura neofascista en Uruguay.

Cuando la seguridad de sus compatriotas o la defensa de los ideales revolucionarios no estuvieron en jaque, Artigas defendió la vigencia del derecho a la vida. Uno de los hechos más elocuentes al respecto fue el caso de “los siete jefes engrillados” que le fueron enviados para que los fusilase y el Jefe de los Orientales se negó a hacerlo. “Yo no firmaré su exterminio, pero tampoco consentiré [que] obstruyan los pasos para realizar la libertad porque tan dignamente se sacrifican los pueblos que la aman y veneran. El que sea enemigo, declárese y sabremos contrarrestar armas con armas y hombres con hombres, pero no que a fuerza de intrigas e intereses quieran oscurecer nuestra virtud y hacer que triunfe la iniquidad”.

Terrorismo de Estado

El terrorismo de la dictadura en nuestro país empleó en forma sistemática la violencia a través del aparato estatal con fines de intimidación, lo que afectó a la población, sacrificando víctimas inocentes. En el derecho internacional se ha avanzado en la tipificación de los delitos de terrorismo, tanto estatal como de oposición. Los primeros abarcan el genocidio, los crímenes contra la paz, de guerra y de lesa humanidad, la tortura, el apartheid y la desaparición forzada de personas. La resolución 3034 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por mayoría, condenó el terrorismo de los regímenes coloniales, racistas y de dominación extranjera, y reafirmó la legitimidad de la lucha de los movimientos de liberación contra esos regímenes.

En el velatorio de Eduardo Bleier en el Paraninfo de la Universidad el 14 de octubre de 2019, Felipe Michelini expresó: “Es necesario recordar que el régimen del terrorismo de Estado en nuestro país avasalló las instituciones democráticas, sometió a un férreo control social y represivo a nuestro pueblo, consolidó la tortura sistemática, la violación y el abuso sexual de los detenidos, la prisión prolongada, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, dentro y fuera de fronteras [...] Los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y muertes fueron muy valientes en el momento de torturar a víctimas indefensas; por el contrario, han demostrado una cobardía sin límites a la hora de enfrentar sus responsabilidades”.

Entrevistado por el periodista César di Candia para el semanario Búsqueda el 7 de marzo de 1991, el general Hugo Medina afirmó que “el recelo del golpe de Estado estuvo orientado unilateralmente y no por toda la población, sino por una parte: los sediciosos y el Partido Comunista. Con el resto no hubo problemas”. Afirmó que el rechazo de la población hacia las Fuerzas Armadas se dio en la “etapa final” de la dictadura, y que “al principio no daban abasto las manos para aplaudir”. “En los años finales sí, sentimos fuertemente el rechazo [...] En el 80 estábamos tan seguros [de] que ganábamos que desdeñamos el voto militar y el de la policía”.

En este diálogo, el general Medina incurrió en dos omisiones selectivas. Por un lado, no dijo que la dictadura en su acto institucional Nº 2, de fecha 12 de junio de 1976, disponía en su artículo 9º que “los militares y el personal policial en actividad, sin distinción de grados, tienen suspendido el ejercicio de todos los derechos políticos, incluido el voto”. Tampoco, obvio es señalarlo, hizo referencia a que –como afirmó Carlos Quijano desde el exilio en México– “en condiciones normales, sin exilios, sin proscripciones, sin censura, sin intimidación, sin amenazas, sin presos políticos, sin torturas, sin el dominio monopólico de los medios de comunicación, sin clausura del Parlamento y de las organizaciones políticas y sindicales, ¿cuántos votos habrían obtenido? Para sobrevivir deben reprimir. Y aun así, pierden”.

El 25 de mayo de 1988, en el programa televisivo En vivo y en directo, Medina defendió como un mérito de los militares “que no hayan desaparecido en nuestro país más de 20 personas” ya que “si fueron 5.000 los presos podrían haber sido 4.000 los muertos”.

En octubre de 2009, Luis Alberto Lacalle participó en uno de los almuerzos del programa de Mirtha Legrand. Allí afirmó que “increíblemente murieron más soldados y policías que integrantes de la subversión. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos, o una docena de desaparecidos”.

Estas declaraciones contrastan con las cifras confirmadas que manejan los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas de la represión y la Universidad de la República. La nómina de compatriotas detenidos desaparecidos en dictadura es cercana a 200 personas.

En su primer gobierno, Sanguinetti impulsó el Pacto de Anchorena y su concreción con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. No sorprende, entonces, que el general Medina, militar represor de la dictadura y miembro de la logia de los tenientes de Artigas, fuera su ministro de Defensa Nacional desde noviembre de 1987 hasta el final de su mandato. Carlos Pirán, vinculado al escuadrón de la muerte según testimonio de uno de sus integrantes, el fotógrafo Nelson Bardesio, fue su ministro de Industria y Energía. Desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, Pirán había apoyado el proyecto de reforma constitucional impulsado por la dictadura en el plebiscito de 1980.¹

Tras el referéndum de 1989, el 24 de abril el presidente Sanguinetti envió carta al presidente del Círculo Militar, general Iván Paulós, en “reconocimiento a la Institución por su cooperación en este difícil debate. Fue necesario realizar una labor de esclarecimiento pero, a la vez, impedir que muchos sentimientos de reacción frente a injusticias o agravios no afloraran descontroladamente y cooperaran, sin quererlo, con los adversarios de la ley de la pacificación y de las Fuerzas Armadas”. Paulós participó en la fundación de la logia Tenientes de Artigas el 25 de agosto de 1965. En 1988, obtenidas las firmas para el referéndum de la “ley de caducidad”, declaró en la revista Punto y Aparte que no tenía “la menor duda de que ha habido errores, cientos de errores”, pero consideró que “cuando hablamos de decenas de desaparecidos o de muertos, es una insignificancia para lo que se logró”. Indagado por la Justicia italiana por su presunta participación en el asesinato de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor a manos de las dictaduras del Cono Sur, murió sin ser juzgado cuando la Justicia de Italia evaluaba su procesamiento.

En Uruguay, la omertá corporativa de los mandos militares y civiles involucrados en los crímenes de lesa humanidad mantiene el secreto de los lugares donde están enterradas las víctimas.

Este 20 de mayo es la fecha que nos recuerda el centenario del nacimiento del entrañable Zelmar Michelini. Más tarde o más temprano, el tiempo, gentilhombre que menos nos miente, pondrá las cosas en su justo lugar. En honor y homenaje a todos los desaparecidos, ¡a redoblar!

 

 

 

 

 

Las raíces del desastre en Rio Grande do Sul

El camino a la insostenibilidad

 

16 mayo 2024, The Conversation - Andrea Lampis y Victor Marchezini


 

La responsabilidad del desastre socioambiental de Rio Grande do Sul no es sólo del agua y del clima. También es de un modelo de desarrollo económico que ha relegado a un segundo plano la planificación medioambiental.

La transformación de la ciudad brasileña de Porto Alegre en un centro de atracción económica y financiera regional –y del estado de Rio Grande do Sul en un territorio dedicado al agronegocio– son el reflejo de un modelo de desarrollo insostenible, lo que Naomi Klein denomina “capitalismo del desastre”.

A finales del año pasado, en la revista científica Atmosphere, investigadores brasileños publicaron un importante estudio sobre las características del patrón atmosférico precursor de la ocurrencia de desastres socioambientales en el sur de Brasil.
El artículo presenta modelos estadísticamente robustos a partir de los cuales es posible predecir los efectos del paso de perturbaciones (sistemas frontales) sobre el territorio de la región sur de Brasil y Rio Grande do Sul, que están asociados a la aceleración del cambio climático, intensificando la frecuencia y magnitud de los eventos meteorológicos extremos.
El estudio también analizó las áreas potencialmente más expuestas en Rio Grande do Sul entre 2016 y 2020. La distribución espacial de los municipios muestra que los territorios más afectados son el litoral de Santa Catarina y la región centro-este. Alrededor del 64,1 % de los desastres registrados por el Centro Nacional de Monitorización y Alerta de Desastres Naturales (CEMADEN) fueron de naturaleza hidrológica, lo que corrobora lo reportado en el Atlas Digital de Desastres en Brasil.

El agua y el clima no son los culpables

El agua no encuentra la salida en Porto Alegre, como cuando necesitas vomitar debido a una indigestión e intentas contener el proceso natural que te empuja a vaciar el estómago. Para entender el reciente desastre en la región, esta metáfora prosaica es muy útil.
Los estudios sobre la dimensión socioambiental de las catástrofes vienen ilustrando desde hace varias décadas que la lluvia no tiene la culpa: sólo revela la insostenibilidad de la gestión política y económica del territorio debido a las presiones asociadas a la urbanización, como la especulación inmobiliaria y la deforestación.
En el caso de Rio Grande do Sul, por ejemplo, el Instituto Forense General del Estado advirtió el 16 de diciembre de 2022 de que las zonas afectadas por la deforestación ilegal habían crecido un 187 % en tres años.

Una sola acción deforestó casi 60 hectáreas de área reservada

Un desarrollo urbano insostenible

El Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre aborda cómo el municipio promoverá la sostenibilidad mediante el control de la densificación a través de niveles máximos de densidad por macrozona y unidades de estructuración urbana. Sin embargo, el objetivo de internacionalizar la ciudad y el marketing urbano han producido un desarrollo urbano totalmente insostenible.

El periódico brasileño Folha de São Paulo recordó el 8 de mayo que el gobernador Eduardo Leite cambió casi 500 normas ambientales en 2019 en favor de los intereses financieros del sector de la construcción, sin debate público ni consulta con la sociedad civil.

.El capitalismo del desastre manifestado en Porto Alegre

Uno de los grandes desafíos en el proceso de reconstrucción de Rio Grande do Sul es no dejarse guiar por los mismos modelos desarrollistas que crearon las condiciones de insostenibilidad y riesgo de desastres. ¿De qué manera los procesos de reconstrucción y recuperación conseguirán reducir la insostenibilidad ambiental, planificar el uso del suelo y la recuperación socioambiental de la cuenca, así como las desigualdades de renta y poder político, y las condiciones de vulnerabilidad social?
En el contexto latinoamericano, se han identificado ejemplos de esta lógica en investigaciones sobre el desastre asociado al terremoto de 2010 en Chile y en la región montañosa de Río de Janeiro en 2011.
Entre las formas de capitalismo del desastre están el sobreprecio de los servicios de emergencia en beneficio de empresas cercanas a los grupos políticos en el poder, como los casos de corrupción denunciados durante la catástrofe de 2011 en la región Serrana de Río de Janeiro. O la clasificación de áreas urbanas como “áreas de riesgo” para expropiar a los pobres durante la respuesta y la reconstrucción y, años después, descongelarlos años con el fin de utilizarlos para construir otros proyectos de interés para los grupos políticos en el poder.

¿Reconstruir las condiciones para otros desastres o territorios para la vida?

Las conclusiones de este artículo hacen hincapié en tres llamamientos urgentes. Empezando por la falta de visibilidad y de debate público sobre los procesos de reconstrucción de las catástrofes en Brasil. La reconstrucción corre el riesgo de guiarse por la reproducción de las mismas lógicas del capitalismo del desastre.
En segundo lugar, el modelo de crecimiento económico causante de la catástrofe es el verdadero factor de riesgo. Catástrofes anteriores, tanto en Brasil como en otras partes del mundo, han revelado que el proceso de reconstrucción está marcado por el dominio de grupos con poder político y económico, que utilizan el “gobierno de emergencia”, el “estado de calamidad pública”, para maximizar sus oportunidades de ganancia y beneficio.
Por último, resultan inquietantes las verdades que desplazan la atención de la emergencia a las responsabilidades reales en la producción de un territorio inmenso e insostenible desde diferentes perspectivas. Sin embargo, las noticias continúan culpando sólo a la lluvia.

Inundaciones en Argentina y Uruguay.

Este mapa del flujo de corrientes explica por qué con la reducción del nivel de los ríos en Rio Grande do Sul, vemos inundaciones en Argentina y Uruguay.
Lo mismo ocurre con la baja del Rio Guaíba en la capital Porto Alegre y las crecidas en las ciudades de Pelotas y Rio Grande.

Ley de Medio$$$

 

Ley Mordaza

Con votos de la coalición, el Senado aprobó el proyecto de una nueva ley de medios. La iniciativa supone un beneficio directo a los grandes grupos mediáticos, ya que favorece la concentración, destierra el monopolio de ANTEL en transmisión de datos y habilita la extranjerización de licencias de radio y TV. La sociedad civil alerta por riesgos a la libertad de expresión.

 

Mamarracho parlamentario

Quienes estaban en contra de la regulación de contenidos aprobaron hoy la peor regulación que haya visto este país desde la recuperación democrática, aceptando las sugerencias de Cabildo Abierto que ahora les dicen por ley a los medios cómo tienen que informar.

La Asociación de la Prensa Uruguaya  emitió un comunicado expresando “su más absoluto rechazo” a la aprobación del proyecto de ley de medios en la Cámara de Senadores.
Señalaron que la aprobación “express” de la ley se debe a “intereses específicos” de los partidos de la coalición de gobierno.

COMUNICADO URGENTE 

Rechazo y preocupación genera la decisión del oficialismo de aprobar como "grave y urgente" una "ley de medios" que violenta las libertades de expresión y de prensa, en medio de una campaña electoral.

Nueva ley de medios, concentración mediática a la carta

15 mayo 2024, Nicolás Centurión

A menos de un año de la finalización de su gobierno, el derechista Luis Lacalle se apunta un nuevo escándalo en su gestión.
Al alarmante estado de la seguridad pública, donde este quinquenio -de mantener la tendencia- será el que cuente con más homicidios posdictadura; a los casos de corrupción, espionaje, pedofilia y toneladas de cocaína que pasan por puertos uruguayos; a la preocupante cifra de pobreza infantil y a la pérdida de poder adquisitivo día a día: se suma una ley de medios servida para los poderes concentrados.

Una norma surgida en año electoral, con toda la suspicacia que ello conlleva ,y que además fue ingresada a sala como “grave y urgente” y saltándose previamente que el proyecto pase por la comisión del Senado.
Votada en la noche del martes 14 con los 16 legisladores de la coalición de gobierno en sala y la ausencia de la oposición. El proyecto, que deberá pasar nuevamente por la Cámara de Diputados, fue impuesto sin la discusión en la Comisión de Industria, sin el aviso en la coordinación de bancada a la oposición y sin escuchar a ninguna delegación sobre su contenido.
El texto incluye un aditivo para obligar a los medios a “brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.

Esta redacción fue sugerida por el derechista partido Cabildo Abierto, que años atrás había propuesto crear un mecanismo de control de los contenidos de los medios de comunicación, asignando ese cometido a la Corte Electoral, a través de una Junta de Garantías en la Comunicación Política, aplicando sanciones y multas. recuerda el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).

Asimismo, esta ley no solo es un retroceso sino que fomenta el aumento de la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos, extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.
Cainfo rechazó la aprobación de esta nueva normativa, que a su vez deroga la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “aprobada luego de un proceso participativo, abierto y democrático, con el asesoramiento de expertos y organismos internacionales- para sustituirla por una norma regresiva sin una discusión adecuada y contraria a las obligaciones internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos.”
El actual presidente Luis Lacalle, siendo precandidato para el mismo cargo, declaraba en la página de su propio grupo político, el Partido Nacional: «Si me dicen que la mejor ley de medios es la que no existe, y por otro lado se manda una ley que desvía, o que orienta hacia un tipo de medio estatizado, no me parece lógico», continuó en ese momento precandidato presidencial, quien añadió que la experiencia de una ley de este tipo en Argentina fue negativa.”
«Estamos acostumbrados a votar leyes que prohíban, que reglamenten, que dirijan. Yo soy partidario de las leyes de la libertad y cuando una ley no genera libertad es mejor no tenerla», señaló el aún mandatario. Un Lacalle versus Lacalle que cada vez es más frecuente.

Los periodistas
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), se expresó sobre la aprobación de esta norma por parte de la coalición de gobierno, calificándola como «una decisión intempestiva”, que impone restricciones que vulneran los principios constitucionales y los convenios internacionales suscritos por Uruguay.
Una de las principales críticas de la APU recae en la obligación impuesta a los medios de brindar opiniones y comentarios de manera «seria», «completa» e «imparcial», bajo amenaza de sanciones por parte del Estado en caso de incumplimiento. Añade qeue esta legislación también limita las expresiones de los ciudadanos sobre partidos, políticos y gobernantes, lo cual representa un claro ataque a la libertad de expresión en el país.

«Esta modificación legislativa no es ni grave, ni urgente, salvo intereses específicos de los partidos integrantes de la coalición gobernante asociados a la campaña electoral en la que estamos inmersos», advierte APU, que insiste en que supone un retroceso en materia de derechos humanos al establecer un marco regulatorio contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión.
Los periodistas también denunciaron un aumento preocupante de la concentración de medios y la posibilidad de extranjerización de la propiedad de los mismos.
Otro de los aspectos más preocupantes es el proceso acelerado y poco transparente mediante el cual se aprobó la ley, donde no se respetaron los tiempos políticos ni se realizó una coordinación mínima entre los partidos, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad y la convivencia democrática en el proceso legislativo.
«El Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación en el contexto de una campaña electoral que ya ha mostrado episodios inéditos y gravísimos», expresó la asociación de periodistas.

De atrás
El actual oficialismo, cuando era oposición a los gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio, prometió que de ser gobierno derogaría la Ley 19.307. No solo que no lo hizo sino que propuso otro proyecto que contiene aspectos regresivos.

La Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) conocida popularmente como la “Ley de medios” fue aprobada al final del segundo gobierno del Frente Amplio, en 2014. Fue contemplada en el primer programa de gobierno del Frente Amplio (2005-2010). En el 2006 inició su proceso y no fue hasta ocho años después, entre idas y vueltas, que vio la luz. La LSCA de igual manera nunca se llegó a reglamentar del todo o como la propia ley especificaba.
Dentro de las consecuencias de este nuevo proyecto está la eliminación del concepto de grupo económico al evaluar la propiedad de los medios. El investigador Gabriel Kaplún señaló en su momento que “la realidad uruguaya mostraba –y sigue mostrando– que sin eso el límite no sirve de nada, porque distintas personas de un mismo grupo –familiares o testaferros– pueden acumular un gran número de licencias”.
Si una persona posee menos del 30% de las acciones de una emisora puede ser codueña de la cantidad de radios y canales que quiera en todo el país.

El argumento del gobierno ante la respuesta de especialistas sobre la concentración de medios, es que las radios -sobre todo- están en situación crítica porque el público consume contenido por otros medios. Entonces el gobierno consideró “viable reconocer situaciones de más cantidad de licencias, para dar soporte y sostenibilidad económica con una estructura compartida”.
La nueva ley permite la apertura a capitales extranjeros y la renovación de licencias en algunos casos casi in eternum. El proyecto descarta al Fondo de promoción de la producción nacional de contenidos y el aporte económico que los medios privados debían hacer para conformarlo. La producción nacional seguirá rezagada con esta disposición.
Por esta misma línea, la Comisión Honoraria Asesora de los Medios Públicos desaparecerá. Dicha comisión era un organismo de amplia integración social, pero que tampoco fue convocada por el gobierno anterior.

 Deterioro

Uruguay ha descendido puestos en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 44 que ocupa en 2022 en la lista de países, al puesto 52, en 2023. En un informe publicado por Cainfo se señalaba que entre 2022 y principios de 2023 se habían registrado 69 casos de amenazas a periodistas.
Recordemos por ejemplo el caso donde periodistas del medio conservador El Observador, quienes recibieron presiones directas por parte del gobierno actual. Específicamente por Roberto Lafluf, ex asesor de comunicación de Lacalle. Un nombre y apellido que se repiten bastante en varios escándalos, como en de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
Además, las instituciones públicas no aplicaron las políticas de transparencia y acceso a la información que estipulaba la Ley 18.381 de 2008, sobre el acceso a la información pública. Según Cainfo, hubo 24 episodios que demostraban un deterioro en la aplicación de las normas de transparencia pasiva en el país.

Como remate, en estas semanas se destapó una trama contra el precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi -las encuestas muestran que puede ser el próximo presidente- que se lo acusaba de agresión física a una trabajadora sexual.

La operación política fue desmentida por la misma persona que la difundió, una militante del Partido Nacional que hoy se encuentra con prisión preventiva al igual que la falsa denunciante. Los medios se hicieron eco y difundieron la noticia, donde muy pocos tuvieron mesura. Resta saber quiénes están detrás de la operación.

Vivimos un Uruguay de mayor opacidad, con terreno fértil para las operaciones mediáticas, con grupos empresariales que leudan al calor de un gobierno que solo actúa para beneficiar esos intereses.

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

El gobierno emitió deuda

La balsa de la Medusa es una pintura al óleo realizada por el pintor y litógrafo francés del romanticismo Théodore Géricault entre 1818 y 1819. La obra se convirtió en un icono del Romanticismo francés. Es una pintura que representa una escena del naufragio de la fragata de la marina francesa Méduse, encallada frente a la costa de Mauritania el 2 de julio de 1816. Al menos 150 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente, y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 13 días que se tardó en rescatarlos. Los supervivientes debieron soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura.

Uruguay emitió deuda en mercados internacionales por US$ 1.550 millones

La nueva operación de deuda de Uruguay incluyó emisión de bono global en Unidades Indexadas y reapertura de bono global en pesos nominales

8 de mayo 2024 El Observador

Uruguay lanzó el miércoles una nueva operación a nivel mundial, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto en un contexto de caída de la inflación, mejora de expectativas y bajo riesgo país.
El regreso al mercado internacional de deuda se produjo con la emisión de un nuevo bono global en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en mayo de 2045. Para ese título se colocó el equivalente a US$ 1.250 millones en efectivo, con una tasa de interés de 3,4 % anual. La demanda fue por US$ 1.400 millones.
Además, se reabrió el bono global en pesos nominales con vencimiento en julio de 2033. Por ese bono se colocaron US$ 300 millones en efectivo, con una tasa de interés de 9,15% anual, informó a El Observador el analista de la firma Puente, Felipe Herrán. En este caso la demanda fue por US$ 550 millones.

Director de Deuda del MEF, Herman Kamil: “Hay que consolidar el grado inversor actual de Uruguay"

Deudas públicas y buitres

https://joserocca.org/deudas-publicas-y-buitres/

El último informe del Banco Mundial ve con preocupación el aumento de la deuda pública en los países de América latina. “ ha crecido 26 puntos porcentuales por encima del 2010”i.
También reconoce que los intereses de la deuda agobian los presupuestos nacionales, siendo responsables en buena medida de los déficit fiscales debido a “servicios de deuda más onerosos resultado de pagos de intereses elevados”.
En la década de los ochenta Raul Sendic Antonaccio entre otros dirigentes de las izquierdas de América latina y el Caribe, la consideraba ilegal, inmoral e impagable. La construcción de un frente de deudores se veía también como un instrumento para el acercamiento ente los pueblos que vivian peripecias similares.
En aque momento la deuda de Uruguay rondaba los 5000 millones de dólares. Actualmente las cifras del BCU registran una deuda pública de 53.262 millones de dólares en su última actualización para diciembre del 2023.
Cada niño oriental no nace con un pan debajo del brazo como se decia antiguamente sino con una deuda promedio de alrededor de 16000 dólares más allá de las deudas particulares de su familia.
Los grandes saltos se vinculan con la asistencia a Bancos quebrados, financiada con créditos del sistema financiero transnacional.
También la fueron alimentando el alud de intereses fruto de “bicicleteos”. Sin desconocer los efectos sobre las cuentas fiscales de exoneraciones, zonas francas subsidios a grandes capitales del exterior.
Escenarios semejantes se reiteran en diversos países de América latina en los que el poder financiero sangra las venas abiertas mediante los intereses de deuda públicas que continúan creciendo.
Las recetas del FMI, Banco Mundial, consultoras de riesgo, en el nombre de los acreedores, recomiendan mayores recortes de rubros castigando a la salud pública, educación pública, vivienda popular, entre otros servicios.
En Uruguay parece imprescindible realizar una auditoría para conocer bien como se generó cada componente y quienes son los acreedores, que quizás en algunos casos sean los mismos que fueron y son deudores incobrables de entes estatales.
La arremetida del gobierno elevando el mínimo de edad de retiro para jubilarse y disminuyendo asignaciones futuras tiene como uno de sus objetivos tranquilizar a los acreedores demostrando su voluntad de prorizar sus intereses aún sacrificando la previsión social.
El incrementando del traspaso de fondos a las AFAPS es también su reafirmación de sumisión a grandes Bancos y consolidación de la “plaza financiera”
El plebiscito para garantizar con normas constitucionales la defensa de la seguridad social universal, solidaria, sin fines de lucro es un camino necesario para frenar la embestida y de búsqueda de alternativas que prioricen los intereses de los trabajadores de hoy, de ayer y de mañana.
Dos modelos de país quedan frente a frente. De un lado el imperio y la gran Banca, del otro el del pueblo.
El nerviosismo del sistema financiero, sus voceros y escribas se traduce en el alud de mentiras y cuentos de ogros y brujas que difunden continuamente.

GOTITAS DE ECONOMIA

•  El pueblo oriental superó largamente las firmas necesarias para votar la iniciativa de que la constitución garantice la defensa de la seguridad social. 430.000 voluntades así lo expresaron.
•  Los que les regalan comisones a las AFAPS por prestarle dinero al Estado, los que exoneran a grandes empresas en zonas francas, regalan miles de millones de dólares a UPM, los responsables de políticas económicas que han llevado a que un 25% de los jóvenes estén sin trabajo y sin aportes, los que se exoneran de aportes a la previsión social y etcetera, etcetera dicen que no va a haber dinero para financiar los aumentos del mínimo jubilatorio y sustentar el sistema. ¿Son los técnicos?
•  Las AFAPS son acreedoras de la quinta parte de la deuda pública y su eliminación disminuiría las obligaciones del Estado y los pagos por intereses. ¿Con ese dinero no se podrá rebajar el IVA a productos básicos?
•  Fanacif cierra sus puertas en Uruguay. Fabrica Nacional de Cervezas anuncia su posible cierre de la planta de Minas. Balsa y Asociados se declara en concordato de acreedores y envía trabajadores al seguro de paro. COPSA no cumple obligaciones salariales. Patronales pesqueras en lock out. Pedidos Ya redujo personal, Lactalis, Calcar… El gobierno dice que todo es una maravilla.
•  El 66% del pueblo ecuatoriano votó en contra de que tribunales internacionales diriman las diferencias entre Ecuador y las transnacionales que operan en su territorio. Saludos a su acto de soberanía.
•  Estados Unidos votó un paquete de “ayuda militar” de 69.000 millones de dólares para Ucrania, Israel, Taiwan. Más producción de armamentos, ganancias para sus industrias de la destrucción y muerte. Lidera el ranking de gastos militares en el mundo. Triplica a China que ocupa el segundo lugar.

iInforme Panorama general Banco Mundial.Capítulo 1 Déficit gemelos.





 

A 2 años del homicidio del fiscal Marcelo Pecci

Una trama de crimen organizado a nivel internacional.

 

Por Nicolás Centurión

¿Quién era Marcelo Pecci? ¿Por qué su muerte aun encierra tantos misterios? ¿A quién investigaba? ¿Quiénes se beneficiaron con su muerte y por qué lo querían silenciar?

 10 de mayo de 2022. El fiscal Marcelo Pecci y su esposa están disfrutando de su luna de miel y de las hermosas playas de Cartagena en Colombia, cuando de repente dos balas impactan en su cuerpo. Unos mercenarios en una moto acuática ajustician al fiscal que muere en el acto.

Pecci, de 45 años de edad, era fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Comprometido hace pocos meses con su esposa. Pocas horas antes de su deceso, su esposa había publicado que estaba embarazada.

Una juez en Colombia condenó a Margareth Chacón Zúñiga por su participación en la planeación del homicidio del fiscal. Chacón Zúñiga asistió a cuatro reuniones para definir detalles de logística y financiamiento en mayo de ese año en Medellín y luego en Cartagena.

La acusada, de 43 años, era la compañera sentimental de Andrés Pérez Hoyos y la cuñada de Ramón Emilio Pérez Hoyos, dos hermanos condenados a 25 años y seis meses de prisión por planear, financiar y organizar la logística del asesinato de Pecci.

Los tiradores fueron condenados a 23 años de prisión: Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, y el venezolano Wendre Still Scott Carrillo. Londoño y Monsalve siguieron al fiscal y se hospedaron en el mismo hotel donde se cometió el crimen.

Hasta allí los autores materiales y los condenados, pero faltan los autores intelectuales o morales. El nexo entre estos es el "testigo estrella": Francisco Correa Galeano. Un ex militar colombiano que parece que su silencio vale oro.

Francisco Luis Correa Galeano acordó un año de inmunidad con el ente acusador a cambio de entregar todos los detalles de la planeación y ejecución del crimen contra el jurista paraguayo. Inmunidad que vence este mismo año a finales del mismo.

Correa Galeano en dos instancias nombró y ratificó al ex presidente Horacio Cartes y a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, como autores intelectuales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Incluso pidió que revisen su celular para comprobar sus dichos.

Recordemos que Tío Rico es uno de los líderes de la banda de Sebastián Marset y el tío de Cartes, "Papacho", era el que traía cargamentos de droga en avioneta a Uruguay. Todo en familia.

¿Por qué Cartes e Insfran querrían mandar a matar al fiscal Pecci?

Pecci tuvo muchas investigaciones a su cargo y varias de alto perfil. Casos vinculados a la búsqueda y extradición de narcotraficantes tanto nacionales como extranjeros, lavado de activos y crimen transnacional.

Uno de esos casos fue el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman. Dueño de exportadoras de cuero, en 2021 recibió 14 disparos frente a su residencia. La hipótesis que más pesa es la de un ajuste de cuentas.

Aquí es cuando se empieza a enredar la cuestión.

José Martínez, exasesor de la ANNP, afirmó que los mismos que ordenaron el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, son los autores morales del crimen del fiscal Marcelo Pecci, en mayo del 2022.

Refirió que el asesinato del empresario Schwartzman cobra relevancia porque “era el gerente comercial de la distribución de la droga a nivel internacional. ¿Y para quién trabajaba? Trabajaba para la DEA”.

Schwartzman, al parecer, también tenía un importante rol en la organización criminal investigada por la operación "A Ultranza PY"

¿Qué es #A Ultranza PY ?
La más grande operación contra el narcotráfico y lavado de dinero en Paraguay en la que Pecci estaba a cargo.

El propósito era desarticular una organización criminal dedicada al trasiego de drogas a gran escala desde los países productores en Sudamérica, como Bolivia, hacia Europa.

El esquema se basaba en transportar cocaína por contenedores agrícolas hasta varios puertos europeos.

Pecci, el 22 de abril de 2022 había pedido una orden de captura para los hermanos Insfrán. 

En esta investigación fueron encausados dos de los líderes: los hermanos Miguel Ángel Insfrán "Tío Rico" y José Insfrán, político y pastor paraguayo.

#A Ultranza implicó 107 allanamientos y la incautación de +de 100 millones de dólares, 98 inmuebles, 28 vehículos, 10 avionetas, 1 helicóptero, 12 carretas, 41 tractores, 48 motos y 7 embarcaciones. La organización lavaba dinero a través de clubes de fútbol e iglesias.

Pecci fue el blanco elegido por el Clan Insfran, Marset, Cartes y sus aliados para silenciarlo. Había desbaratado gran parte de su organización y logística y no se lo podían permitir.

El nombre de Horacio Cartes aparece cada vez con más fuerza como uno de los autores intelectuales. En julio del 2022 fue señalado por Estados Unidos como "significativamente corrupto". Es decir, ligado a actos de corrupción, crimen transnacional y/o terrorismo.

Estados Unidos está poniendo especial interés en la captura de los autores intelectuales. Incluso ha ofrecido 5 millones de dólares como recompensa. Fiscales de Florida han visitado Colombia para investigar este caso.

Se pretende extraditar a los sicarios. El interés se debe a que el pago de 530.000 dólares por el asesinato se realizó utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos, específicamente una entidad financiera del estado de Florida. Allí ya pasaría a ser competencia de EEUU

Hay supuestos correos entre Tabesa (propiedad de Horacio Cartes) y la compañía (Cidcitei General Trading LLC), donde hablan de una presunta transferencia enviada por Tabacalera del Este, por la suma de USD 559.148, a Margareth Chacón.

A dos años del asesinato del Fiscal Pecci, la familia sigue reclamando justicia, hay muchos puntos por esclarecer y lamentablemente el nombre de este fiscal se suma a la lista de otros tantos fiscales que han sido ajusticiados por el crimen organizado y el poder de facto.